|
•
The impact of the
Effective Death Penalty Act on Mumia's case
Aunque los abogados de Mumia trabajan heroicamente a
través de los medios legales para lograr que se le haga
un nuevo juicio, las recientes leyes represivas tornan
virtualmente imposible para los condenados a muerte el
recurso de apelar. Por esta razón, los abogados de Mumia
están pidiendo al movimiento popular que aumente el
nivel de actividad para la liberación de Mumia. Con la
inminente apelación federal de Habeas Corpus, los
simpatizantes de Mumia Abu-Jamal abrigan ahora la
esperanza de que por fin se haga justicia en las cortes
federales. Desde 1978, los jueces federales han sido
responsables de la cancelación del 40% de las penas de
muerte en los EE.UU. Estas cifras son incitantes,
especialmente dada la falta de justicia y el espantoso
récord de maltratos sufridos por Mumia Abu-Jamal en las
racistas cortes estatales de Pensilvania. Los jueces
federales existen más allá de la vieja y amañada red de
las cortes de Pensilvania, y no están expuestos a las
influencias externas del mismo modo en que lo están los
jueces estatales. Con todo esto en mente, fácilmente
podríamos estar complacidos con nuestro esfuerzo de ver
a Mumia libre, y sentirnos optimistas respecto al papel
de las cortes federales en la administración de
justicia. Sin embargo, nunca será superfluo enfatizar
que estas actitudes son peligrosas y pueden traer como
consecuencia la muerte de Mumia, si nos cruzamos de
brazos. La idea de que es posible encontrar justicia en
las cortes federales, especialmente en casos de pena
capital, nos viene de un tiempo ya pasado. El proceso de
apelación federal ha sufrido en los últimos años el
ataque de las fuerzas que apoyan la pena de muerte, cuyo
propósito es ver un número mayor de ejecuciones en un
período de tiempo cada vez más corto. La erosión del
proceso de apelaciones puede rastrearse hasta abril de
1996, cuando a raíz del bombardeo de la ciudad de
Ocklahoma el Congreso aprobó la “Ley de 1996 sobre el
Anti-Terrorismo y la Pena de Muerte Efectiva” (EDPA).
Aunque ha sido aplaudida como un intento de luchar
contra el terrorismo doméstico mediante la expansión del
poder represivo del gobierno, las cortes y las
autoridades policiales, uno de los elementos centrales
de esta ley fue la medida que establece restricciones
históricas al habeas corpus -el derecho de los
prisioneros a apelar sus condenas y sentencias en las
cortes federales. Aunque los defensores de esta ley
pretenden definir las restricciones como meras reformas,
en realidad el habeas corpus fue destruido, así como la
capacidad de los jueces federales para revocar las penas
de muerte dictadas por las cortes estatales.
Históricamente, las protecciones del habeas corpus
surgieron en el período de reconstruccción después de la
Guerra Civil. La Ley de Habeas Corpus, aprobada en 1867,
tenía como objetivo otorgar protección federal a los
afroamericanos recién liberados frente a la manipulación
y la coacción de los estados, que utilizaban el sistema
de justicia criminal para traerlos de vuelta a las
plantaciones que habían abandonado. Estas protecciones
jugaron un importante papel durante la pasada década, y
permitieron que muchos prisioneros falsamente
sentenciados probaran su inocencia, o ilustraran las
violaciones de sus derechos constitucionales. La
historia está llena de ejemplos de ciudadanos que han
sido condenados a muerte por error. El 21 de octubre de
1993, el diario The Dallas Morning News publicó
un artículo sobre el informe del Subcomité de la Cámara
donde se afirmaba que en Texas y otros 16 estados se
condenaba a muerte a personas inocentes. El informe
incluía una lista de cinco prisioneros de Texas que
habían sido apresados y condenados a muerte
erróneamente. “Randell Dale Adams fue erróneamente
encarcelado por el asesinato de un agente de la policía
en Dallas, pero fue liberado en 1989 cuando salieron a
la luz documentos donde se demostraba que los
demandantes ocultaron evidencias útiles para su defensa.
Clarence Brandley fue erróneamente condenado por la
muerte de un adolescente blanco en Conroe. La Corte de
Apelaciones Criminales revocó su condena al descubrirse
que los Rangers de Texas instruyeron a los testigos para
que cometieran perjurio.” Años después, otro hombre
confesó haber asesinado al adolescente. “Vernon McManus
fue condenado como asesino a sueldo. Se le liberó cuando
se descubrió que su abogado defensor mantenía una
relación íntima con la Sra. Manus durante el juicio y
posteriormente se casó con ella... John Skelton fue
liberado en 1990 cuando la Corte de Apelaciones
Criminales determinó que las evidencias en su contra
eran insuficientes.” (Jerry Lee Hogue, http://www.lampofhope.org/tdrj7k.html)
El informe cita entre los factores asociados a las
condenas inadecuadas el prejuicio racial, la mala
conducta de los funcionarios, la retención de evidencias
favorables para el acusado, representaciones legales
espurias, revisión inadecuada de las reclamaciones
posteriores al juicio donde se alega la inocencia de los
condenados, así como la politización del proceso de
clemencia. El informe llega incluso a afirmar que “un
número significativo de prisioneros condenados a muerte
son de hecho inocentes.” La EDPA alteró el proceso de
apelaciones federales en varias formas. Primero, limitó
el plazo en que los condenados pueden realizar sus
apelaciones en las cortes federales a 180 días después
de que la corte estatal dicte su sentencia. Puesto que
con frecuencia toma años reunir los elementos de una
apelación exitosa, esta nueva ley crea una situación en
la que los prisioneros condenados por error mueren sin
tener la oportunidad de que se investigue
sificientemente o se obtenga la evidencia necesaria para
probar su inocencia. En el caso de Andrew Mitchell, los
abogados demoraron 11 años en encontrar la evidencia que
demostró su inocencia. A los abogados de Clarence
Brandley les tomó 9 años demostrar su inocencia. Si la
EDPA hubiese existido entonces, Mitchell y Brandley
estarían muertos. La EDPA estipula también que las
cortes federales asuman que los hechos expuestos por las
cortes estatales sean considerados verdaderos. Este es
el elemento más peligroso de la EDPA en relación con el
caso de Mumia. En el proceso de la corte estatal
conducido por el juez Albert Sabo, se le impidió a Mumia
presentar evidencias significativas de la mala conducta
de los agentes policiales y los demandantes, así como el
testimonio de testigos presenciales, y evidencias
forenses. Estas evidencias son absolutamente cruciales
para demostrar la inocencia de Mumia, tanto como para
ilustrar la conspiración entre la Orden Fraternal de
Policía y el estado de Filadelfia para condenar a muerte
a Mumia. Aunque en el pasado las cortes federales podían
reconsiderar la evidencia de un caso mientras evaluaban
su apelación, bajo la EDPA se supone que no juzguen la
evidencia y asuman que los hechos admitidos por la corte
estatal son verdaderos. Para que una corte federal pueda
cuestionar la “supuesta validez” de una corte estatal,
el acusado tiene ahora que “refutar la suposición de
validez mediante evidencias claras y convincentes.” Esta
solicitud de evidencias claras y convincentes coloca la
carga de encontrar pruebas sobre los hombros del
acusado. Para que a Mumia se le otorgue ahora una
audiencia sobre la violación de sus derechos en la corte
estatal, tendrá primero que demostrar su inocencia. La
EDPA estipula que los acusados podrán acceder a sólo una
revisión de la sentencia dictada por la corte federal, y
exige que la corte federal de menor rango emita un
“certificado de apelabilidad” antes de que el acusado
pueda apelar a una corte federal de rango mayor. Este
mecanismo está diseñado para acelerar el proceso de
apelaciones de los condenados a muerte y llevarlos lo
más pronto posible a la cámara de ejecución. Actualmente
otro condenado a muerte, Bobby Joe Williams, desafía en
la Corte Suprema las reformas al habeas corpus
introducidas por la Ley de Pena de Muerte Efectiva. Su
caso se discutió el 4 de octubre de 1999. Aunque es
difícil predecir cuándo la Corte Suprema dará a conocer
su decisión sobre este caso, se espera que sea antes de
que termine el año y con seguridad tendrá un profundo
efecto en el caso de Mumia. Sus abogados han declarado
que tienen esperanza, pues las preguntas hechas por
varios jueces, incluidos el juez Ginsberg y el juez
Kennedy, indican que la Corte Suprema no toma muy en
cuenta los argumentos con que se intenta destruir la
protección del habeas corpus federal. En el caso de que
la Corte Suprema apoye las reformas de la EDPA, es muy
poco probable que Mumia encuentre justicia en las cortes
federales. Tal decisión haría que las apelaciones a la
corte federal se convirtieran en simples
cuestionamientos. La conspiración para ejecutar a Mumia
Abu-Jamal es de tan grande escala, que confiar en que la
misma maquinaria política corrupta y racista que lo
mantiene cautivo desde hace 18 años pueda liberarlo, es
como sentenciarlo a muerte. La Orden Fraternal de
Policía (FOP) ha puesto su mano dadivosa en cada
bolsillo y trabaja horas extra para silenciar la voz de
Mumia, para impedir que la verdad salga a la luz, y,
sobre todo, para asegurarse de que Mumia no sobreviva.
La FOP ha sido el centro del caso de Mumia desde el
principio, y sigue empujando a Mumia hacia la cámara de
ejecuciones a una velocidad alarmante. Los agentes de la
policía que inventaron la confesión de Mumia estaban
vinculados a la FOP. Los agentes que intimidaron,
amenazaron y usaron medios coercitivos con los testigos
para que guardaran silencio o dieran un falso
testimonio, estaban asociados a la FOP. El juez Sabo,
que presidió la corte estatal durante casi todas las
comparecencias de Mumia, era miembro de la FOP. Cinco de
los siete jueces de la Corte Suprema de Pensilvania que
rechazaron la petición de un nuevo juicio en las cortes
estatales han sido apoyados por la FOP en sus campañas
para lograr posiciones en la Corte Suprema. Un artículo
publicado el 10 de noviembre de 1999 en el diario
Village Voice, informa que el senado del estado de
Pensilvania rechazó una moratoria sobre las ejecuciones
en Pensilvania. Más sorprendente aún fue la negación del
senado a ordenar un estudio sobre la posibilidad de que
la pena de muerte se estuviese administrando
injustamente. Esto es especialmente escandaloso dado el
hecho de que las Asociaciones de Juristas de Filadelfia
y Pensilvania han llamado a moratorias sobre la pena
capital hasta tanto la sentencia “pueda ser administrada
de una forma justa e imparcial”. La Asociación de
Juristas de Pensilvania advirtió que “las estadísticas
del Departamento Correccional de Pensilvania producen
una seria preocupación sobre si las personas de color y
los hombres son condenados a muerte en un rango que
excede substancialmente el rango en que las personas de
raza caucásica y las mujeres son condenadas a muerte.”
El diario Village Voice llega incluso a afirmar
que cinco abolicionistas se reunieron con el Líder de la
Mayoría Republicana en el senado, Joseph Loeper, para
reunir más información acerca del rechazo de la enmienda
encabezado por los republicanos. Al preguntársele sobre
su vito, el reverendo Jeffrey Garis, ministro de la
Iglesia Cristiana de Brethren, citó la siguiente frase
de Loeper: “El segundo factor fue Mumia. El gobernador
Ridge acaba de firmar una orden, y su caso es un asunto
de interés para muchos de nosotros en los barrios
residenciales de Filadelfia.” “Las observaciones de
Loeper acobardaron a Garis, que había visto una gran
placa adornando una pared de la oficina del senador. Era
un reconocimiento de la Orden Fraternal de Policía.” (Village
Voice) Como movimiento, debemos saber que esas
fuerzas luchan en contra nuestra, controlando los medios
masivos y saboteando nuestros esfuerzos. Sin una amplia
campaña popular a gran escala, Mumia nunca encontrará
justicia en las cortes y nunca será liberado. Debemos
continuar organizando, manifestando, y alzando nuestras
voces de protesta por la injusticia que se ha cometido
contra Mumia. Si les permitimos ejecutar a nuestro
hermano, nuestro amigo y aliado, este hecho tendrá
ramificaciones de muy largo alcance que nos afectarán a
todos y a cada asunto por el que luchamos. Fortalecerá y
solidificará lo que ya sabemos: que la verdad no tiene
lugar en este país, que la justicia no existe, y
mediante la represión, la tiranía y la violencia, el
estado tratará de ignorar y silenciar nuestras voces.
Mumia ha luchado siempre por los oprimidos, los que no
tienen poder ni voz. Está en el corredor de la muerte
por todos nosotros. Y los que estamos afuera debemos
luchar por él del mismo modo. ¡¡¡No podemos permitir que
maten a Mumia Abu-Jamal!!!
Publicado por la Campaña Popular
Nacional.
En la costa oeste:
2489 Mission St., Room 28, San Francisco, CA 94110 (415)
821-6545
web: www.actionsf.org
email: npc@actionsf.org
En la ciudad de Seattle:
1218 E. Cherry St., Seattle 98122 (206) 325-0085
Investigación y análisis por Josh Trentor
http://www.mumia2000.org/background/dpa.html
|
