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El “referéndum” de Santa Cruz |
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Una acción violatoria de las normas
constitucionales |
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Matías Mongan
• APM |
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De acuerdo al ex legislador socialista,
Jerjes Justiniano, el refendum realizado
por el Comité Cívico de Santa Cruz no
tiene una real validez debido a que
“nadie, ningún ciudadano cruceño eligió
a los miembros de la Asamblea Autonómica
para que redacten un estatuto
autonómico. Se atribuyeron esas
facultades que no les han dado los
soberanos”.
“Están trabajando claramente para
inducir el voto, se engaña a la gente y
se habla de que ‘Santa Cruz te necesita,
vota por la autonomía, por favor sí por
la autonomía ya se votó y se ganó con el
72 por ceinto´”; agregó tajantemente
Justiniano.
Lo que ahora esta en juego en Bolivia es
el marco legal que van a presentar esas
autonomías. La oligarquía de la
denominada “medialuna”, desoyendo lo que
dice la Constitución Política del Estado
boliviano, con el acto del 4 de mayo
aspira -según palabras del propio
Prefecto cruceño Rubén Costas- a
fomentar el nacimiento de “una nueva
República, una segunda República no
centralista sino a través de las
regiones”.
Las intenciones separatistas de este
grupo apuntaron a conseguir algún aval
internacional. A comienzos de abril, los
prefectos de la llamada “medialuna”
decidieron realizar una visita a México
y Colombia. El objetivo de la misma era
conseguir veedores electorales
internacionales, para que en cierta
forma legitimen la consulta autonómica
realizada este domingo en Santa Cruz de
La Sierra.
En esa ocasión el presidente del Senado,
Oscar Ortiz, perteneciente al partido de
derecha Poder Democrático Social
(PODEMOS), hizo un llamado para que la
comunidad internacional envié
inmediatamente “misiones humanitarias
para contribuir a la pacificación del
territorio boliviano”.
El Ministro de Gobierno, Alfredo Rada,
calificó como un verdadero exabrupto a
estas declaraciones. El funcionario
recordó que esta medida sólo puede ser
dictada en caso de que ocurra una
catástrofe producida por desastres
naturales o bien por una guerra interna,
algo que no sucede actualmente en
Bolivia.
Por último, Rada hizo hincapié en
remarcar que el proceso de validación
del estatuto autonómico que llevan
adelante los cívicos cruceños sólo tiene
el valor de una mera consulta, ya que no
tiene el Aval del Congreso ni de la
Corte Nacional Electoral.
Finalmente, los integrantes de la
“medialuna” no consiguieron que ningún
gobierno de Sudamérica se comprometa a
enviar observadores al referendo
autonomista convocado por la oligarquía
cruceña.
Sobre este tema la analista Glagys
Salazar, que participó en 35 misiones
electorales de la Organización de
Estados Americanos (OEA), tajantemente
afirmó que “un proceso electoral de
cualquier país en el que no existan
observadores externos, no tiene ninguna
credibilidad”.
A pesar de esto, la oposición a Evo
Morales siguió empecinada en buscar
formas que legitimen sus intenciones
separatistas.
Otro intento fue la de nombrar como
veedores a los 130 diputados del
Congreso de la Nación. La moción
parlamentaria fue presentada el pasado
29 de abril por el jefe de la bancada de
Podemos, Antonio Franco. La misma no
sólo pretendía autorizar el viaje de los
congresistas para que cumplan el papel
de fiscalizadores, sino que también
exigía el pago de viáticos que estos
puedan llegar a necesitar durante toda
la jornada.
La iniciativa al final quedó trunca,
debido a la oposición manifestada por
los parlamentarios oficialistas. Según
los representantes del Movimiento al
Socialismo (MAS), era un abuso pagar
viáticos -que se financian con la plata
de todos los contribuyentes- para
validar una acción ilegal destinada a un
fraude político masivo.
"Es una pretensión, si se quiere
protagónica, un afán que pretende darle
cierta legalidad al referéndum de Santa
Cruz", aseveró el presidente de la
Cámara de Diputados, Edmundo Novillo.
Como esa posibilidad también terminó
frustrada, los referentes del
autonomismo cruceño -en otro intento
desesperado por revestir de cierta
legalidad a sus actos- anunciaron que
los mejores fiscalizadores el 4 de Mayo
serán los más de 150 medios de
comunicación nacionales y 70
internacionales que están acreditados
para cubrir la consulta.
La propuesta fue rechazada por los
propios periodistas extranjeros
presentes en Santa Cruz de la Sierra. En
declaraciones con la Agencia Boliviana
de Información (ABI), Guillermo Panizza,
cronista del canal de televisión
argentina Telefé, enfatizó: "Sí, seremos
observadores imparciales y
periodísticos. Pero no somos garantes de
la legalidad (del estatuto) sino somos
garantes de la información".
Esta posición también fue compartida por
el corresponsal del semanario Brasil De
Fato, Igor Ojeda, quien además señaló:
“creo que la consulta de Santa Cruz es
un hecho ilegal porque no está enmarcada
en la Constitución Política del Estado y
la ley del referéndum, que determina que
sólo el Congreso convoca a referéndum.
Es más bien otra intención de las élites
cruceñas que buscan redactar sus propias
leyes, intentan crear un estado dentro
del propio estado".
Como última alternativa al Comité Cívico
de Santa Cruz no le quedó otra que
contentarse con veedores regionales
provenientes de los otros departamentos
bolivianos que defienden la cruzada por
la autonomía: Tarija, Beni, Pando y
Cochabamba. También va a ver diputados
de la oposición controlando el “normal”
funcionamiento de los centros de
votación, así lo confirmó a los medios
de comunicación el congresista de
Podemos, Antonio Franco.
Entonces se puede decir que es bastante
dudoso que personajes que estuvieron
vinculadas en la redacción del estatuto
autonómico, también sean las encargadas
de velar por la transparencia del acto
que va a determinar el triunfo del Sí o
el No. Ahora se entiende el porqué de la
excesiva confianza en el triunfo que
tienen dirigentes como Branco
Marinkovic, presidente del comité Cívico
santacruceño quien prepotentemente
vaticina que el respaldo al Sí llegara
hasta el 70 por ciento.
En ese marco, la Corte Nacional
Electoral de Bolivia en reiteradas
ocasiones aclaró que no convalidara los
resultados producto de la votación del 4
de Mayo.
“La CNE no avalará ni se pronunciará
ante los resultados de las consultas
autonómicas, ni en el país, ni ante la
comunidad internacional", afirmó el
presidente del organismo electoral José
Luis Exeni.
En declaraciones a la cadena ATB, Exeni
agregó que “los organismos electorales
del hemisferio han señalado claramente
que el único ente rector del referendo
en Bolivia, para administrar y declarar
los resultados, es la CNE, por lo tanto
la comunidad internacional no reconocerá
ningún proceso administrado de manera
unilateral al margen de la ley por una
Corte Departamental”.
A pesar de esta situación, la oligarquía
cruceña continúa firme en su intención
de desafiar el poder del gobierno de Evo
Morales Aima. Hasta amenazan con
independizarse del resto de Bolivia, en
caso que el referendo autonómico se vea
opacado por hechos de violencia.
“Yo estoy seguro que si muere el primer
colla o camba que vive aquí en Santa
Cruz el cuatro de mayo, no vamos a tener
más interés de formar parte de Bolivia…
Si causan alguna muerte, olvídense de
Santa Cruz. Ya no vamos a coexistir con
unos ciudadanos que nos esclavizaron con
el centralismo”, afirmó en declaraciones
a radio FIDES el senador disidente del
MAS, Guido Guardia.
Esta posición separatista no es
compartida por todos los bolivianos que
viven en los departamentos orientales.
Es más la provincia Cordillera, hace
unos días anunció su estatus de
provincia “rebelde y autónoma, con la
firme decisión de no permitir que las
logias cruceñas impongan ni medio
artículo de sus estatutos a partir del 4
mayo, elaborados por cuatro logieros sin
la participación de las provincias”.
El asesor de los dirigentes cívicos
camireños, Mirko Orgaz García, convocó
al: “al pueblo cordillerano a no
participar de este proceso autoritario e
ilegal que pone en peligro la unidad de
la nación boliviana”.
Por otro lado, cabe destacar que la
jornada de este domingo estuvo marcada
con violentos disturbios y acusaciones
de fraude, poco después de abrir sus
puertas unos cinco mil centros
habilitados para la votación.
Según pudo comprobar Prensa Latina en el
Plan Tres Mil, un populoso barrio de la
ciudad capital de Santa Cruz,
integrantes de la llamada Unión Juvenil
Cruceñista (UJC), fuerza de choque del
comité cívico local, enfrentaron el
rechazo de sus moradores, aliados del
gobierno de Evo Morales.
Vecinos del Plan Tres Mil denunciaron
este domingo fraude en el plebiscito
para el estatuto cruceño y mostraron
ánforas decomisadas llenas de papeletas
marcadas con el "Sí".
A su vez, vecinos molestos concentrados
en La Rotonda, comentaron que cuando
quemaban al menos 20 ánforas
descubrieron que las mismas estaban
llenas de papeletas ya marcadas, por lo
que decidieron hacer conocer a los
medios de prensa.
Por su parte, el presidente Morales
acusó a Estados Unidos de conspirar para
dividir su país.
"La embajada de Estados Unidos es la que
encabeza la conspiración. Imagínense lo
que ha pasado en la OEA (la resolución
del sábado ni condenó ni rechazó el
referéndum en Santa Cruz). El embajador
estadounidense (Philip Goldberg) es el
gran defensor de la división de
Bolivia", dijo Morales a Telesur.
Lo cierto es que, más allá de las
actitudes separatistas de la oligarquía
cruceña, la ilegalidad de esta
iniciativa es clara, los países de la
región no la reconocerán. Sin embargo,
el futuro en Bolivia no vislumbra
tranquilidad. |
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