Orestes Ferrara decidió abandonar la Isla de Cuba apenas había triunfado la revolución. El nuevo orden político no encajaba en su modus operandi de político de opereta, promotor especulativo de la prensa e insaciable acaudalado. Durante más de medio siglo se supo, por su propio testimonio cínico, que era responsable de la muerte de un ciudadano en la quema del Ayuntamiento de Vueltas, la que llevó a cabo con sus propias manos en 1905. No solo salió impune del hecho, tras el triunfo del Partido Liberal que presidía José Miguel Gómez, sino que continuó acumulando falsos méritos y riquezas verdaderas, tanto en dinero como en bienes.

Su lujosa residencia, que llamó La Dolce Dimora, se convertiría en el Museo Napoleónico. Fue un caso más de la nacionalización de propiedades abandonadas por magnates que dejaban el país, o de otras, directamente intervenidas por el gobierno revolucionario. Toda revolución resulta sacrílega para la mentalidad burguesa, pues propone el traspaso de los medios de producción de manos privadas a manos colectivas. Muchas de esas lujosas mansiones cubanas pasaron, por ley, a patrimonio público, para el disfrute de todos, con servicio gratuito a pesar de los costos que conlleva y de las crisis que ocurran. Comenzaba así un verdadero proceso de alfabetización artística en Cuba, que se expandiría a la creación de escuelas especializadas y programas de apreciación para la enseñanza general. La inmensa mayoría de nuestros principales artistas de hoy, son fruto de esas circunstancias de transformación revolucionaria; es una verdad, imposible de borrar a un ojo medianamente observador. Los errores de los que varios de estos artistas fueron víctima, posteriormente, son producto de las circunstancias que impuso el más alto escalón al que aceleradamente se ascendía.

Sin embargo, la supuesta incautación de la residencia de Orestes Ferrara es uno de los ejemplos que utiliza una abogada litigante de la firma Greenberg Traurig, LLP, radicada en New York.[1] De acuerdo con su proposición, las obras de arte compradas por empresarios y políticos corruptos durante la República, como el propio Ferrara o el llamado Rey del azúcar, Julio Lobos, deberán ser expropiadas del servicio público, de su papel en el ejercicio del derecho a la cultura masiva, para formar parte del patrimonio de sus herederos. Es la propuesta de negociación que ofrecen las nuevas circunstancias de relaciones entre Cuba y los EEUU. Y no es un punto de vista que parezca insólito a muchos, más allá del bufete de abogados que ha asumido el caso. La omnipresencia de la mentalidad corporativa que rige hoy en el mundo, con apoyo casi servil del entramado académico, contribuye a que se reescriba la historia bajo una visión clasista, y a que se abogue por perpetuar el derecho de la clase dominante a apropiarse de toda la riqueza colectiva.

Aupada por este escenario, la abogada del bufete neoyorkino ha comenzado a desarrollar un trabajo de influencia en la opinión pública, basando sus conclusiones jurídicas en puntos de vista estrictamente políticos y radicalmente clasistas. Artículos, informes y notas de prensa se suman a la función de dar por hecho que el gobierno cubano está obligado a devolver las propiedades “incautadas” a estos propietarios. Para ello, es necesario dar por sentado que el aparato legal emitido por el proceso revolucionario carece de legitimidad. Como lo demuestra la propia ley extraterritorial que sustenta el Bloqueo, firmada por John F. Kennedy en 1962, el régimen estadounidense asume sus leyes como si fuesen un modelo obligatorio para todo el Planeta. Desde su perspectiva imperialista, su entramado legal es forzoso para el resto de la humanidad y debe cumplirse aunque afecte la soberanía de otras naciones e, incluso, la salud y la vida de su ciudadanía. Tanto es así que, al citar en su informe las leyes revolucionarias que convertían en patrimonio público las propiedades de Lobo, Ferrara, Gómez Mena y tantos otros, la abogada litigante prefiere considerarlas un ejercicio individual de gobernante y no, como sí lo hace para las estadounidenses, una ley llamada a regir en la nación.

Esta arbitrariedad, contradictoria en la propia lógica del derecho estadounidense, no solo apunta a una posible fuente de dinero —que podría salir, cabildeos mediante, del propio Departamento del Tesoro—, sino al más importante ejercicio de guerra cultural. Es, sencilla y descomunalmente, una estrategia que condiciona la armonía de las relaciones entre Cuba y los EEUU al sometimiento de la Isla. Por ello se insiste en legitimar legalmente ese momento anterior a que la revolución triunfante comenzara a transformar el estatuto social radicalmente.

Comprendamos que, si por ley se demuestran ilegítimos los servicios revolucionarios a su ciudadanía, por lógica elemental, se verían como ilegítimos sus logros. La ciudadanía cubana perdería el derecho a disfrutar gratuita y universalmente del arte, o de su aprendizaje. Es una ecuación que condiciona y limita. Para la continuidad de este capítulo de guerra cultural han insistido en pasar a modo invisible el profundo, constante, valioso e inclaudicable trabajo del proceso revolucionario por mantener sus programas culturales y su formación de artistas y especialistas de las artes de alto nivel profesional. Sus cifras y erogaciones desaparecen a la vista de la propaganda de camuflaje legal que esta abogada sostiene y, por extensión inmediata, se consideran fuera de la argumentación.

Para la soberanía de la nación cubana, y para la continuidad y evolución de su proceso revolucionario, una vez más refrendado constitucionalmente, es, más que importante, vital, comprender este escenario de guerra cultural que la expansión neoimperialista asume como natural. Las estrategias que permitan sortear sus invasiones —ocultas o evidentes— definirán cuánto podremos avanzar, ganando paso a paso las pequeñas batallas.