La conducción de la política económica en los últimos cinco años ha demandado ingentes esfuerzos para implementar lo más orgánicamente posible cambios simultáneos en la política fiscal, de inversiones, monetaria y de créditos en medio de una reestructuración de la propiedad y el manejo incipiente de un nuevo marco de relaciones –aun en ciernes- entre planificación y mercado, todo ello con nuevas regulaciones migratorias aprobadas en 2013.