Recientemente se hizo popular en redes un nuevo reto de IA, ¿cómo te verías en los 80? Los coloridos abrigos y los juegos de monedas fueron tomando espacio, junto a un repetido eslogan: la diversión no tiene fin. No es casual el notorio sesgo en estas imágenes: ¿eran realmente así los 80, o más bien es la visión distorsionada de la propaganda estadounidense?
Parece que los programadores de IA quieren cambiarnos la mirada al pasado. Pues la realidad de ese período fue bastante distinta, en especial para el Cono Sur. Habría que pensar hasta dónde estas propuestas inocentes son inocentes realmente, porque esa década aún tiene mucho que decirnos, y estigmatizarla a una felicidad irreal es reducir su enseñanza histórica.
Acerquémonos ahora a ese entorno desde nuestro contexto. La voz de los 80 fue el primer álbum de estudio del grupo chileno Los Prisioneros, lanzado de manera independiente bajo el sello Fusión, el 13 de diciembre de 1984. Jorge González escribía sobre una juventud sin futuro, y el rock como único escape. El disco es una denuncia informal al contexto de aquel entonces, donde las dictaduras de Argentina (1976-1983) y Chile (1973-1990) se convirtieron en el paradigma del terrorismo de Estado, con un saldo de decenas de miles de desaparecidos y un entramado represivo que coordinó acciones a nivel continental a través del Plan Cóndor. Estos regímenes trabajaban bajo la negación explícita de la democracia. El general Jorge Rafael Videla no se presentaba a elecciones; Augusto Pinochet gobernaba por decreto y se autoproclamaba presidente de la República tras disolver el Congreso. La violencia estatal era directa, visible y masiva. En Argentina, el informe Nunca Más documentó 8.961 casos de desaparición forzada, aunque las organizaciones de derechos humanos estiman que la cifra real supera los 30.000. En Chile, la Comisión Rettig registró 2.279 víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluyendo 957 detenidos desaparecidos.
Este discurso se nos acerca ahora más que nunca, con la nueva escalada de la ultraderecha latinoamericana. Treinta y tantos años después, el disco suena igual de urgente. La nueva derecha radical llega al poder por la vía electoral y lo ejerce sin influencia militar aparente. El politólogo estadounidense Steven Levitsky y su colega Lucan Way acuñaron hace más de una década el concepto de autoritarismo competitivo para describir regímenes híbridos en los que existen elecciones multipartidistas reales, pero donde el gobierno de turno abusa de los recursos del Estado para inclinar la cancha de manera sistemática contra la oposición. Aunque no son dictaduras al estilo de los 80, tampoco puede decirse que sean democracias completas. Son regímenes que mantienen la fachada electoral mientras erosionan los contrapesos institucionales, capturan el Poder Judicial, politizan las fuerzas de seguridad y estigmatizan a la disidencia como enemigo interno.
Javier Milei llegó a la presidencia en diciembre de 2023 con un discurso que combinaba el rechazo frontal al Estado de bienestar, la dolarización de la economía y una retórica incendiaria contra la “casta política”. A simple vista, su programa no evoca a Videla. Pero un análisis más detenido revela paralelismos inquietantes. Un estudio del centro de investigación Asuntos del Sur, presentado en marzo de 2026, documentó un retroceso crítico en las libertades civiles y políticas durante el segundo año de su gobierno.
“El disco es una denuncia informal al contexto de aquel entonces, donde las dictaduras de Argentina (1976-1983) y Chile (1973-1990) se convirtieron en el paradigma del terrorismo de Estado (…)”.
Entre las señales más alarmantes, el documento destaca la restricción del derecho a la protesta mediante el llamado “protocolo antipiquetes”, que derivó en operativos de seguridad con un nivel de intervención policial inédito desde el retorno democrático en 1983. A esto se suma el despliegue de un sistema de vigilancia con inteligencia artificial y reconocimiento facial para predecir delitos, una infraestructura que organizaciones internacionales han calificado como tecno-autoritaria.
Hay un elemento que conecta directamente con la tradición dictatorial del Cono Sur: el uso del decreto de necesidad y urgencia (DNU) para eludir al Congreso. El DNU 941/2025 amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para realizar espionaje interno y operaciones encubiertas sin orden judicial. Abogados constitucionalistas y organizaciones de derechos humanos denunciaron la medida como la creación de una “dictadura encubierta”, un mecanismo que recuerda peligrosamente a los decretos-ley de la dictadura de Videla.
Nayib Bukele constituye la variante más extrema de esta nueva ola. Electo en 2019 con la promesa de resolver el problema de las pandillas, implementó a partir de 2022 un régimen de excepción que suspendió garantías constitucionales como el derecho a la defensa, la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio. El resultado fue la detención masiva de más de 70.000 personas, aproximadamente el 2% de la población adulta del país, sin debido proceso ni garantías judiciales.
La megacárcel de CECOT, inaugurada en 2023, se ha convertido en el símbolo de este régimen. Un artículo de la Latin American Research Review examina cómo Bukele racionaliza un enfoque de mano dura ante la violencia de las pandillas mientras simultáneamente silencia a la oposición política y ofusca el alcance cada vez mayor de las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado. El propio Bukele admitió que miles de detenidos son inocentes, pero no ofreció disculpas ni reparación.
El caso del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, es quizás el más grotesco. Su Gobierno difundió un video en el que aparece caminando entre bolsas con cadáveres de presuntos guerrilleros, utilizándolos como “prueba” del éxito de una operación militar. El gesto generó un rechazo profundo, y un juez ordenó retirar el video por vulnerar derechos fundamentales. Pero más allá de la anécdota, el episodio revela una lógica profundamente autoritaria, la conversión de la muerte en espectáculo de poder estatal, el tratamiento del enemigo como individuo sin derecho al debido proceso y la glorificación de la violencia como herramienta de legitimación política.
“La nueva derecha radical llega al poder por la vía electoral y lo ejerce sin influencia militar aparente”.
De la Espriella cuenta con el respaldo explícito de Milei, Bukele, Donald Trump y José Antonio Kast, lo que confirma la existencia de una internacional ultraderechista que comparte estrategias, discursos y, en algunos casos, asesores. Colombia, un país que sufrió más de cinco décadas de conflicto armado interno, aparece ahora como un nuevo campo de prueba para este modelo.
Un elemento que conecta las dictaduras del pasado con los Gobiernos actuales es el uso del sistema judicial como arma de persecución política. Durante las dictaduras, esto se hacía mediante consejos de guerra y tribunales militares que condenaban a opositores por “subversión”. Hoy la metodología es más sofisticada, se llama lawfare, un término que designa el uso indebido del derecho para criminalizar a líderes políticos progresistas.
El jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicó en 2023 junto a Cristina Caamaño y Valeria Vegh Weis el libro Lawfare: The Criminalization of Democratic Politics in the Global South, donde documentan cómo cada vez más líderes políticos populares en América Latina son encarcelados o procesados, incluso mientras están en el poder. La obra deconstruye el lenguaje jurídico y advierte que estas prácticas pueden terminar destruyendo el Estado de derecho para promover las formas más crueles de neoliberalismo.
La investigadora argentina Silvina Romano, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), ha rastreado sistemáticamente el uso del lawfare en la región. En De la guerra psicológica al lawfare en América Latina (2022) y Lawfare, guerra psicológica y desestabilización en América Latina (2021), documenta cómo la guerra judicial se articula con operaciones de desinformación, presión mediática y aislamiento diplomático para desestabilizar Gobiernos populares. El caso del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado durante 580 días por una condena luego anulada, es el ejemplo más citado. Pero también aplica a la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia.
Los métodos ya no son los mismos, pero sí el objetivo final. En lugar de secuestrar opositores en la calle, se los procesa por corrupción, lavado de activos o traición a la patria. No se prohíben los partidos, pero se los desfinancia, se judicializa a sus líderes y se los estigmatiza mediáticamente.
Sería un error afirmar que Milei o Bukele son equivalentes a Videla o Pinochet. Las diferencias son sustanciales. Las dictaduras del Cono Sur suprimieron las elecciones, prohibieron los partidos políticos, clausuraron el Congreso y gobernaron mediante el terror estatal directo. Los Gobiernos actuales celebran elecciones, permiten la existencia de partidos de oposición y mantienen formalmente la división de poderes. La violencia estatal, aunque presente, no alcanza los niveles de desaparición forzada masiva que caracterizaron a las dictaduras.
Pero las continuidades son igualmente innegables. En ambos casos, el poder se concentra en el Ejecutivo; las instituciones de rendición de cuentas son neutralizadas o capturadas; la disidencia es tratada como enemigo interno; los derechos humanos son concebidos como obstáculos a la eficiencia estatal; y la violencia, física, judicial o discursiva, se convierte en herramienta de gobernabilidad. La diferencia fundamental es que el autoritarismo contemporáneo puede destruir la democracia sin suspenderla formalmente, vaciándola por dentro con sus propias reglas.
La nueva ola de ultraderecha latinoamericana es una metamorfosis de las dictaduras de los 80, el autoritarismo ha mutado de la bota a la urna. La pregunta que enfrenta la región no es si estas nuevas expresiones políticas son iguales a las dictaduras del pasado, sino si estamos dispuestos a reconocer las señales de alarma antes de que sea demasiado tarde.
Analizar esta historia es fundamental. Esa imagen edulcorada de los 80 es una operación de borrado. La misma que la dictadura intentó con la censura. Hay que volver al pasado una y otra vez, dejar que nos conmueva, para que el ahora cobre sentido. Como diría Benedetti:
Llorá
pero no olvides.
Bibliografía
Dávila, J. (2013). Dictatorship in South America. Chichester: Wiley-Blackwell.
Gamboa, L. y Schwartz, R. A. (2026). New Forms of Democratic Erosion in Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.
Levitsky, S. (2010). Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press.
Levitsky, S. y Loxton, J. (2013). Populism and competitive authoritarianism in the Andes. Democratization, 20(1), 107-136.
Recht Collie, B. (2025). La inseguridad en El Salvador. El problema de las Maras. Revista Crítica de Derecho Penal, 5(5), 209-235.
Romano, S. M. (2022). De la guerra psicológica al Lawfare en América Latina. Revista Tlatelolco, 1(1), 87-111.
Zaffaroni, E. R., Caamaño, C. y Vegh Weis, V. (2023). Lawfare: The Criminalization of Democratic Politics in the Global South. Leiden: Brill.