Este texto resume en seis entregas las acciones y objetivos de Estados Unidos contra la Revolución Bolivariana hasta marzo de 2013, y el legado antimperialista de Hugo Chávez. Intenta responder una pregunta matriz: ¿Qué lecciones aportan las ideas y actuaciones del líder bolivariano y el pueblo venezolano en esa disputa histórica, crucial para nuestra América?
Golpe de Estado. Papel de Estados Unidos. Reacomodos posteriores al zarpazo (abril, 2002)
El 6 de abril, un informe “top secret” de la CIA refleja con suma claridad lo que acontece en Caracas: “Facciones militares disidentes, que incluyen a algunos oficiales descontentos y a un grupo de oficiales radicales de menor rango, están intensificando esfuerzos para organizar un golpe contra el presidente Chávez, posiblemente tan pronto como este mes”.
Y otra parte del documento afirma: “El nivel de detalle en los planes reportados (…) apuntan al arresto de Chávez y de otros diez altos funcionarios”. Y continúa: “Para provocar la acción militar, los que conspiran podrían intentar explotar conflictos y violencia durante las manifestaciones de la oposición, que tendrán lugar este mes”. Al informe solo le falta el letrerito de algunas películas de Hollywood: “Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”.
Luego de ejecutarse el golpe el 11 de abril, los voceros del gobierno de Estados Unidos responsabilizan a Chávez de los hechos de violencia y ninguno cuestiona que se haya roto “el hilo constitucional”. Menos reconocen que se haya instaurado una dictadura, al estilo de Pinochet (incluida una rápida y brutal represión).
Las reacciones masivas del pueblo en las calles a partir del 12 de abril y más aún en la mañana del 13, y de la mayor parte de los militares, junto al rechazo de muchos gobiernos en el mundo y de la opinión pública internacional, provocan gran preocupación en el gobierno de Estados Unidos. Sobre todo, al saberse que Chávez no ha renunciado y que estaba preso. Y pronto decide maniobrar para evitar que el golpe naufrague.
Luego de ejecutarse el golpe el 11 de abril, los voceros del gobierno de Estados Unidos responsabilizan a Chávez de los hechos de violencia y ninguno cuestiona que se haya roto “el hilo constitucional”.
A las 9 a.m. del 13 de abril, los embajadores de Estados Unidos y España visitan al usurpador Pedro Carmona en Miraflores. Es el aval tácito de ambos gobiernos al régimen de facto. Los diplomáticos informan al aturdido dictador sobre el rechazo internacional que existe a varias decisiones anunciadas la tarde anterior, y “recomiendan” guardar las apariencias de un gobierno democrático de transición. Sugieren, además, lograr que Chávez firme la renuncia y sacarlo del país. Antes, los gobiernos de Bush y de Aznar han realizado una declaración conjunta que justifica el golpe.
A la misma hora de esa entrevista en Miraflores, radares venezolanos captan el ingreso, sin la debida autorización, de tres buques militares estadounidenses en aguas territoriales del país, que se mueven en las adyacencias de la pequeña isla La Orchila, donde esa tarde los golpistas llevarían preso a Chávez. También un avión privado con matrícula de Estados Unidos, se estaciona en la pista de la islita, a la espera de que llegue él, para trasladarlo fuera del país una vez que firme la renuncia.
La participación de Estados Unidos en el golpe es tan evidente, que hasta parte de la gran prensa y varios analistas de ese país la critican. Aún sin pruebas del rol soterrado de los órganos especializados, resultan convincentes las declaraciones de los voceros oficiales. Al brotar el Ave Fénix de sus cenizas, en la madrugada del 14 de abril, se ven obligados a negar una y otra vez la participación en el golpe y el respaldo al gobierno de facto.
Por ejemplo, el portavoz de la Casa Blanca Ari Fleischer declara el 15 de abril que no lamenta haber dicho el viernes 12 de abril que Chávez ha renunciado “a consecuencia de las protestas callejeras del jueves que dejaron decenas de muertos y heridos”, porque esa fue la información pública que circuló. Obvia que en esa ocasión también afirmó que Chávez fue el causante de la crisis, por la forma violenta en que se repelió a los manifestantes.
Los diplomáticos gringos, aunque justificativos, actúan a la defensiva. No así Bush, quien el propio 15 de abril sugiere a Chávez en tono imperial “que aprenda las lecciones que dejó la reciente crisis y que se apegue al respeto de la democracia, incluyendo la libertad de prensa y el derecho de la oposición a expresarse”. Y niega que Estados Unidos haya tenido algún papel en el golpe de Estado.
“La participación de Estados Unidos en el golpe es tan evidente, que hasta parte de la gran prensa y varios analistas de ese país la critican”.
El atolladero es notorio y varios expertos de ese país lo subrayan. Miguel Díaz, del Centro para Estudios Estratégicos de Washington, considera que “el deseo de echar a Chávez encegueció a Estados Unidos”. Y Carol Graham, de la Brookings Institution afirma: “Estados Unidos estaba contento de que Chávez se fuera. No es un secreto”.
La tozudez de los hechos y la andanada de críticas hacen que el gobierno de Bush adopte una postura pública defensiva, aunque no declina su propósito de sacar a Chávez del poder en el corto plazo. Comprende que es necesario reajustar las tácticas y reagrupar las fuerzas. Comienza un rodeo y vuelve a calcular la manera de atrapar la presa.
Nuevo plan de Estados Unidos: golpe petrolero. Chávez decide perder algún espacio y ganar tiempo (2002)
El triunfo cívico-militar bolivariano contra el régimen de facto, en apenas 48 horas, no obnubila a Chávez. Decide ganar tiempo para fortalecer la revolución y neutralizar a los adversarios. Incluso, opta por perder algún espacio de poder ─por ejemplo, repone a varios gerentes en PDVSA─. Necesita depurar las fuerzas armadas y blindarlas contra otra intentona golpista. Quiere además desentrañar el papel de Estados Unidos y adoptar diversas medidas que eviten otra sorpresa inconstitucional. Ha perdido la virginidad, dice en privado, y se prepara para encarar nuevas arremetidas. Elabora el “Plan Colina” con un equipo secreto de militares y expertos petroleros, para enfrentar un posible paro de ese sector.
Promueve el diálogo con todos los entes políticos y económicos de poder, mediante una comisión nacional y otras en los estados. Sin embargo, Estados Unidos y sus aliados venezolanos interpretan que Chávez actúa así porque ha sido debilitado por los sucesos de abril, y suponen que es posible derrotarlo mediante un plan golpista mejor ejecutado.
“Según demuestra Eva Golinger en su libro El código Chávez, después de fracasar el golpe de abril, la agencia pública de Estados Unidos, National Endowment for Democracy (NED), entrega en junio de 2002 varios millones de dólares a los partidos y organizaciones opositores involucrados en el siguiente plan golpista”.
Casi todos los jefes de la oposición rehúsan dialogar, a sugerencia de Washington, que busca aislar y debilitar al gobierno. Tal rechazo y la urgencia en evitar que los adversarios más irracionales empujen al país hacia un laberinto, motivan que Chávez busque en el Centro Carter un actor capaz de servir como facilitador de las pláticas. El expresidente Jimmy Carter llega a Caracas el 6 de julio, acompañado de una comitiva de su ONG. Casi todos los sectores de la oposición expresan reservas sobre tal mediación. Pero siguen el consejo de la embajada norteña, no rechazan la presencia del exmandatario e insisten en que la institución idónea para mediar es la OEA. Finalmente, Washington y sus aliados vernáculos consiguen que el secretario general de la OEA actúe como facilitador. Si bien Chávez no puede impedirlo, logra cierto contrapeso al involucrar al Centro Carter, que no es del agrado de Bush.
El gobierno estadounidense sigue cada episodio y mueve sus piezas para influir. Según demuestra Eva Golinger en su libro El código Chávez, después de fracasar el golpe de abril, la agencia pública de Estados Unidos, National Endowment for Democracy (NED), entrega en junio de 2002 varios millones de dólares a los partidos y organizaciones opositores involucrados en el siguiente plan golpista. Ese mismo mes, la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID), a través de un contratista privado asentado en Venezuela, canaliza más de 10 millones de dólares.
“El paro con fines golpistas del empresariado privado y de la industria petrolera controlada por gerentes venezolanos aliados de Estados Unidos, es apoyado además por casi todos los medios de comunicación y los militares golpistas del 11 de abril ─ahora fuera de la institución─”.
El 11 de junio, el Departamento de Estado hace un anuncio alarmista, donde pide prudencia a sus ciudadanos que viajen a Venezuela “debido al clima político inestable y una situación de seguridad impredecible”. Advierte que si la situación política se deteriora “podrían ocurrir enfrentamientos similares a los sucedidos entre el 11 y el 14 de abril”. Los meses finales del año 2002 son intensos. Todos los sectores de la oposición están confiados en que pueden derrotar a Chávez en breve tiempo. Aunque continúan las diferencias entre ellos, la Embajada de Estados Unidos ayuda a que coincidan en cuatro ideas básicas, que trascienden en círculos diplomáticos:
1) Chávez no va a renunciar solo con presiones políticas;
2) es necesario planificar las acciones, no desesperarse y tener una dirección unificada y una propuesta de gobierno concertada previamente;
3) la maniobra principal debe ser un paro nacional que incluya al sector petrolero, para desestabilizar a tal extremo el país que Chávez acepte renunciar y adelantar las elecciones o las fuerzas armadas se lo exijan cuando todo sea ingobernable;
4) si no renuncia y no lo destituyen los militares, el objetivo es derrotarlo antes de marzo de 2003 por la vía de un referendo revocatorio, una vez que se logre la bancarrota económica y el caos, y la mayoría de la gente quiera que él se vaya al considerar que la única salida a la crisis es un gobierno apoyado por los sectores económicos, la gerencia de PDVSA y Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses disminuyen su exposición pública en los tres meses previos al paro petrolero. Tales posturas más sutiles, que aparentan respeto a la soberanía venezolana mientras dan los pasos hacia el golpe petrolero, son reciprocadas por Chávez y los demás dirigentes bolivarianos. Ellos evitan también en público atacar al gobierno imperial.
Inicio del golpe petrolero. Negociación bajo presión. Maniobras electorales para sacar a Chávez (diciembre, 2002)
El paro con fines golpistas del empresariado privado y de la industria petrolera controlada por gerentes venezolanos aliados de Estados Unidos, es apoyado además por casi todos los medios de comunicación y los militares golpistas del 11 de abril ─ahora fuera de la institución─. Esta nueva arremetida genera un escenario de alto riesgo para el poder revolucionario. Sin embargo, Chávez no está preso, puede dirigir el contraataque, y con el apoyo unido de los militares y el pueblo movilizado logra derrotar por segunda vez el lance golpista.
Estados Unidos actúa tras bastidores y va midiendo el desarrollo de los acontecimientos. Se propone defenestrar a Chávez antes de ejecutar en marzo de 2003 la agresión prevista a Iraq, para derribar a Sadam Hussein y ocupar Iraq. Quiere hacerlo, además, previo a que Lula asuma la presidencia de Brasil, el 1 de enero de 2003. Pero evita mostrar su parcialidad a la luz pública. Utiliza a César Gaviria, Secretario General de la OEA, para tratar de lograr concesiones de Chávez en medio de la parálisis de buena parte del país, que perdura casi dos meses y provoca sensibles efectos posteriores.
“Estados Unidos actúa tras bastidores y va midiendo el desarrollo de los acontecimientos. Se propone defenestrar a Chávez antes de ejecutar en marzo de 2003 la agresión prevista a Iraq, para derribar a Sadam Hussein y ocupar Iraq”.
En ningún momento la administración Bush manifiesta inquietud por las acciones inconstitucionales de la oposición ─que incluyen crímenes, actos terroristas, sabotajes en PDVSA, desabastecimiento y violencia─ y el corte total del suministro de petróleo a Estados Unidos (15 por ciento de sus importaciones de hidrocarburos). Aparenta ser neutral. Mas su conducta, por acción u omisión, indica lo contrario. Están seguros de que sus aliados venezolanos se comerán las hallacas navideñas sin Chávez. Y también imaginan que pronto ellos podrán devorar su anhelada presa.
El 3 de diciembre de 2002, Estados Unidos comienza a presionar e influir a través de declaraciones y acciones diplomáticas para ayudar a Gaviria y a la oposición, que buscan doblegar a Chávez en la Mesa de Diálogo y Negociación. Ese día Robert Zimmerman, uno de los voceros del Departamento de Estado, declara: “Un arreglo para realizar elecciones nacionales en una fecha establecida de común acuerdo es, en nuestra opinión, la única verdadera solución para la crisis política”.
Cesar Gaviria reacciona con alarma luego de una masacre en la plaza de Altamira, al este de Caracas, ejecutada en la noche del 6 de diciembre por un orate manipulado al servicio del plan: “Es urgente que la Mesa se reúna a la mayor brevedad posible y empiece a producir los resultados que los venezolanos están esperando de ella”. El secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, llama por teléfono a Gaviria en esas tensas horas y le manifiesta su respaldo a la gestión mediadora que realiza. Es obvia la maniobra: desestabilizar el país, y obligar a Chávez a que acepte el adelanto de las elecciones presidenciales, aunque es una opción inconstitucional.
Él no admite presiones. El 7 de diciembre reitera su posición en una rueda de prensa: “No nos negamos a discutir ninguna opción electoral dentro de la Constitución, pero antes hay que cambiar el Consejo Nacional Electoral”. Ese día el CNE, de mayoría opositora, aprueba el cronograma para organizar un referendo consultivo el día 2 de febrero con la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo con solicitar al presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías que de manera inmediata renuncie voluntariamente a su cargo?”. En respuesta, Chávez sostiene que el camino constitucional para tratar de interrumpir su mandato es celebrar un referendo revocatorio después del 19 de agosto de 2003, fecha en que se cumple la mitad de su período.
“‘No nos negamos a discutir ninguna opción electoral dentro de la Constitución, pero antes hay que cambiar el Consejo Nacional Electoral’”.
La oposición, en sintonía con Estados Unidos opta por violar la Constitución: pretende crear un escenario que fuerce al Presidente a renunciar, o genere un golpe de Estado. Y como parte del mismo plan, concibe otra variante: adelantar las elecciones presidenciales y realizar un referendo de índole consultiva, pero con una pregunta de carácter revocatorio, en flagrante alteración del mandato constitucional.
El contenido y la reiteración de las declaraciones de los voceros de Estados Unidos, reflejan ansiedad en la Casa Blanca. Richard Boucher expresa el 10 de diciembre su preocupación por la escalada de violencia y enfatiza que Washington sigue considerando que ambas partes deben “aprovechar las oportunidades que representa el secretario general de la OEA para solucionar esto de forma pacífica”.
Para completar la imagen de caos que propician, el Departamento de Estado decide autorizar a una parte de su personal diplomático en Venezuela a abandonar el país. Además, emite una nueva advertencia a sus ciudadanos, aconsejándoles postergar los viajes al país suramericano “debido a la situación política y de seguridad que sigue deteriorándose, y a la severa escasez de gasolina y alimentos”.
El 12 de diciembre el embajador Shapiro, quien se ha convertido en un actor del diálogo negociador, vuelve a conversar con Gaviria y culpa al gobierno y a la oposición de posiciones intransigentes: “Más que nunca es imprescindible que las dos partes se pongan de acuerdo”. Chávez hace mutis. Esa noche llega a Caracas el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental, Thomas Shannon, y prioriza una visita a Gaviria. Ha viajado también para reunirse con Shapiro y los líderes de la oposición y el gobierno: “Esta visita muestra una preocupación que existe en Washington (…). Tenemos la buena voluntad de ayudar a buscar una salida pacífica, democrática, constitucional y electoral a un conflicto político que realmente ha paralizado al país y que nos tiene a todos preocupados”.
“No está previsto aquí elecciones adelantadas. Yo no creo que el gobierno de Estados Unidos esté diciéndole al mundo que en Venezuela hay que romper con la Constitución Bolivariana. Habría que enviarles un ejemplar de la Constitución a las autoridades norteamericanas”.
Poco después, el día 13 de diciembre, la Casa Blanca emite un espaldarazo al plan golpista: “Los Estados Unidos están convencidos de que la única vía pacífica y políticamente viable para salir de la crisis es la celebración de elecciones anticipadas”. En tal fecha, Richard Boucher no deja dudas: “Pensamos que las elecciones anticipadas son el tipo de solución que se requiere. Y supongo que podría decirse que ese es nuestro objetivo…”. ¡Por fin el gobierno de Bush aterriza en el sitio acordado con sus aliados! En una entrevista a la cadena de televisión CNN, el mismo día, Chávez los pone contra la pared:
“No está previsto aquí elecciones adelantadas. Yo no creo que el gobierno de Estados Unidos esté diciéndole al mundo que en Venezuela hay que romper con la Constitución Bolivariana. Habría que enviarles un ejemplar de la Constitución a las autoridades norteamericanas”.
El secretario general de la ONU y varios gobiernos al más alto nivel, entre ellos Lula y Putin, coinciden en apoyar una salida pacífica. Y el 16 de diciembre la OEA emite una declaración en la que avala la necesidad de una solución “pacífica, constitucional, democrática y electoral”. Tanto el gobierno bolivariano como la oposición se adjudican el apoyo de la OEA. En realidad, el texto revela un balance gubernamental de fuerzas en el hemisferio, que, si bien no favorece las posturas de la Revolución Bolivariana, tampoco puede transgredir las pautas de la OEA, más aún después de los hechos del 11 de abril.
Chávez a la ofensiva. Derrota del golpe petrolero. Triunfa vía constitucional (enero, 2003)
Al despuntar enero de 2003, es visible que el gobierno con el apoyo del pueblo y de las fuerzas armadas avanza hacia la victoria. PDVSA se reactiva, los empresarios privados no aguantan más y la gente presiona en todas partes contra el ilegítimo e inhumano paro. Los voceros principales de este, viajan en enero a Estados Unidos y al regresar a Caracas toda la jefatura de la contrarrevolución toca la nueva melodía que allí les orientaron. Despliegan una campaña para favorecer el referendo consultivo con propósitos revocatorios no vinculantes, para tratar de deslegitimar a Chávez y obligarlo a renunciar. Otro camino indicado por Washington en busca de Roma.
Prometen “un nuevo porvenir”, diferente a la IV República y a la Revolución Bolivariana. Exaltan el compromiso de los opositores en la lucha contra la pobreza y en la reconciliación nacional. Destacan una idea clave: con Chávez en el poder no habrá paz, ni concordia, ni será posible resolver la pobreza. Por eso, convocan a elegir entre guerra, miseria y zozobra, que encarna Chávez, y paz, conciliación y progreso, que garantiza la oposición.
“(…) la posición oficial del gobierno de Estados Unidos. Además, el texto desliza una idea crucial: Washington ha decidido acelerar la solución del conflicto venezolano, por el temor a una mayor escasez de petróleo ante la perspectiva de un ataque suyo a Iraq en marzo”.
Es la misma disyuntiva que empleara Estados Unidos en las elecciones presidenciales de Nicaragua, en 1990. En tal ocasión, su candidata Violeta Chamorro derrotó a los sandinistas, apoyada por una vasta coalición, luego de haber sido sometido ese país a una guerra sucia y la desestabilización económica por varios años. Una coartada perfecta: crean las condiciones por la vía violenta y legitiman la victoria contrarrevolucionaria a través de las urnas. Balas y caos primero. Votos después.
El 9 de enero el diario The Washington Post publica una información donde se afirma que Estados Unidos prepara la iniciativa de crear un grupo de países amigos de Venezuela, para contribuir al avance y el éxito de las negociaciones. La idea es evitar que Lula coordine la iniciativa, en sintonía con Chávez, quien la promoviera días antes. El diario adelanta que ese grupo podría estar integrado por Estados Unidos, Brasil, Chile, México y España. La noticia es sorpresiva y polémica: ¿Estados Unidos, España y México amigos de quiénes en Venezuela?
Según el diario, usado de manera oficiosa por el gobierno estadounidense, el Grupo “garantizaría un compromiso entre la oposición y el gobierno para la celebración de elecciones anticipadas”. O sea, la posición oficial del gobierno de Estados Unidos. Además, el texto desliza una idea crucial: Washington ha decidido acelerar la solución del conflicto venezolano, por el temor a una mayor escasez de petróleo ante la perspectiva de un ataque suyo a Iraq en marzo.
48 horas después, Gaviria anuncia ─sin coordinar con Venezuela─ que Estados Unidos, Brasil, Chile, México, España y Portugal integrarían el Grupo de Amigos, que ayudaría a facilitar una solución negociada y sería garante de los acuerdos. Chávez, molesto por no ser consultado, se cura en salud: “Yo no estoy obligado a aceptar nada”, dice. En declaraciones posteriores explica que la iniciativa de crear este grupo fue del gobierno bolivariano y califica el colectivo creado como embrionario, y que debía ampliarse con otros gobiernos como China y Rusia.
“Fidel, que desde Cuba sigue atento a la evolución política de Venezuela, ofrece opiniones a solicitud de periodistas extranjeros”.
El 16 de enero viaja a Brasil para afinar las ideas con Lula. Allí reitera sus opiniones sobre la necesidad de ampliar el grupo ─pues “Venezuela tiene millones de amigos en todo el mundo” ─ y finalmente le otorga a Brasil la potestad de definir los integrantes. Fidel, que desde Cuba sigue atento a la evolución política de Venezuela, ofrece opiniones a solicitud de periodistas extranjeros. Acusa a Estados Unidos de urdir mediante ese grupo “un plan, una maniobra, un proyecto para destruir la revolución en Venezuela. Nadie va a creer que serán imparciales en la búsqueda de una solución justa para Venezuela”. Añade: “En realidad, varios de esos países que están ahí apoyaron el golpe del 11 de abril”. Finalmente, la resuelta posición de Chávez en defensa de la soberanía y la deriva del plan golpista petrolero, hacen que esta maniobra fracase.
Entra entonces a la escena Jimmy Carter. Realiza una nueva visita a Caracas entre los días 17 y 20 de enero y trae otra propuesta. Luego de entrevistarse con las partes, incluyendo dos encuentros con Chávez, el Premio Nobel formula dos variantes, que dinamizan las negociaciones. La primera es una enmienda constitucional que recorte el mandato presidencial de seis a cuatro años y a dos períodos (como en Estados Unidos). La segunda, un referendo revocatorio del Presidente, que se activaría a más tardar el 19 de agosto, fecha en que este cumple la mitad de su mandato.
“Trataron de poner al pueblo contra la pared. Amenazaron que si no había referendo consultivo habría guerra civil. Aquí estamos, no hay referendo ni hay guerra civil; se impuso la buena voluntad de un pueblo”.
El 22 de enero el Departamento de Estado le da un espaldarazo a Carter. Es evidente la concertación. Boucher declara: “Esas opciones ofrecen una base excelente para solucionar el punto muerto actual”. La línea está clara. Saben que el plan golpista ha sido derrotado y ahora quieren aprovechar la crisis económica y social que han generado y confundir al electorado chavista en las urnas. Chávez no rechaza ninguna opción constitucional y sugiere a la oposición que en vez de hacer sabotajes “debería ponerse a trabajar en esas ideas”.
En Miraflores, el domingo 2 de febrero, en su estelar programa Aló Presidente el líder bolivariano proclama la victoria: “Ya hemos derrotado el plan golpista”. Y enfatiza:
“Trataron de poner al pueblo contra la pared. Amenazaron que si no había referendo consultivo habría guerra civil. Aquí estamos, no hay referendo ni hay guerra civil; se impuso la buena voluntad de un pueblo”.
La Mesa de Negociación entrega su primer fruto el 18 de febrero, una Declaración contra la Violencia, por la Paz y la Democracia, que la oposición ha rechazado firmar desde diciembre de 2002. Dos días después, la Fiscalía General ordena las detenciones de Carlos Fernández y Carlos Ortega como sospechosos de cometer los delitos de rebelión civil, instigación a delinquir, agavillamiento (conspiración), traición a la Patria y devastación. Ambos huyen del país.
El 29 de mayo de 2003, después de más de seis meses de tensas negociaciones mediadas por la OEA, el Centro Carter y el PNUD, el gobierno y los partidos políticos opositores firman un acuerdo de 19 puntos para poner fin a la violencia, desarmar a los civiles y abrir la posibilidad constitucional de convocar el referendo revocatorio, a partir del 19 de agosto.
De tal modo, luego de ser derrotado su segundo lance golpista en ocho meses, la contrarrevolución debe aceptar ─en línea con el gobierno de Estados Unidos─ que el referendo revocatorio es la única vía constitucional posible para intentar deponer al Presidente. Comienza así una nueva etapa del histórico conflicto entre el imperio y la Revolución Bolivariana.
Continuará…