El pasado 15 de agosto, en el espacio televisivo Mesa Redonda, fueron anunciadas nuevas medidas para el comercio exterior y el comercio interno mayorista y minorista. En dicho programa, la viceministra primera del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ana Teresita González Fraga, señaló que el monopolio estatal del comercio exterior comprende el control estatal sobre esa actividad y la ejecución, por entidades estatales, de las operaciones de exportación e importación.

De inmediato un grupo de economistas cubanos, sobre todo algunos que con frecuencia publican artículos en medios extranjeros, cuestionaron la medida con diversos argumentos. Con el objetivo de acercarnos a una verdad, y promover el debate, coloqué algunas preguntas en mi muro de Facebook. Apuntaba que, si se admite el acceso pleno de emprendedores privados al comercio exterior, ¿entonces significa que estos podrán tener cuentas bancarias en el exterior, acceder a préstamos bancarios y créditos comerciales? ¿Qué pasaría con probables impagos? ¿Quién responde? ¿Acaso el Estado como garante? Si es así, ¿cómo se pueden auditar esas cuentas? En caso contrario, ¿cómo las entidades acreedoras externas recuperan sus préstamos ante impagos? ¿Significa que un banco extranjero puede embargar propiedades en Cuba? Por ejemplo, ¿adueñarse de una cooperativa?

Aún no ha transcurrido un año de que fueran aprobadas las primeras 35 mipymes en nuestro país, así la preocupación
debería estar dirigida a la consolidación de unas empresas que ni siquiera han podido hacer su primer balance anual.
Foto: ACN

Cierto economista, que con frecuencia es aupado por medios extranjeros como OnCuba, consideró un absurdo o una tontería mi pregunta relacionada con el Estado y su carácter de garante de la actividad económica del país. Dijo: “Es una pregunta absurda para no decir tonta. Responde la empresa que adquirió el compromiso como en cualquier parte del mundo. El Estado, en rigor, según el derecho, no responde ni por las deudas de las empresas estatales”.

Mi reacción fue de perplejidad ¿Cómo un académico, doctor en Ciencias Económicas, podía desconocer que el Estado es garante de toda la actividad económica en su ámbito? Le respondí con un reciente artículo del Observatorio Económico Latinoamericano donde se expresa lo siguiente:

“Los altos niveles de deuda privada externa (en América Latina) podrían conducir a un costoso proceso de renegociación para reducirla o reestructurarla. La interrogante es si esto lo harían los agentes privados o si lo haría el Estado como garante de las actividades económicas del país. En el caso hipotético que esto sucediera, la deuda del sector privado podría convertirse en una carga para el sector público”.

Agregaba el artículo: “El problema planteado es que la disminución en los ingresos empresariales del año 2020, derivada del cierre global por el COVID-19, podría conducir a que empresas experimenten pérdidas que desencadenen incumplimientos de pagos. Esta situación conduce a aumentos del riesgo sistémico y de la prima de riesgo, y una baja de la calificación crediticia internacional. La solución del Banco Central Europeo es seguir comprando deuda privada, inyectando liquidez. La misma aproximación la tiene el FED. Esta aproximación no está presente en la banca central de América Latina”.

El resto de mis preguntas fueron respondidas con igual ligereza. La “solución” era definir reglas en las normas cubanas, y que los riesgos fueran de los prestamistas: algo que si no suena bastante ingenuo, al menos se haya muy desconectado de la realidad. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo ha estado tratando de desarrollar una herramienta que ayude a las mipymes a acceder al comercio exterior. Al respecto, apunta lo siguiente:

“La participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en las exportaciones latinoamericanas es muy inferior a la que se observa en países desarrollados. Por un lado, las mipymes enfrentan importantes obstáculos para participar en el comercio internacional, derivados de su misma escala, tales como acceso al financiamiento y la información, los altos costos fijos de establecer y mantener redes de comercialización en el exterior, y las restricciones de capacidad gerencial y tecnológica”.

Vayamos a la pregunta que no hice, y esperaba que fuese obvia: ¿Están preparadas nuestras mipymes para acceder de forma directa al comercio exterior?

¿Es diferente la realidad cubana? Claro que no: es peor incluso. El señor economista redujo la polisemia de mis preguntas a su único propósito: desacreditar mi opinión; pero es obvio que mis preguntas no solo van dirigidas al control sobre la actividad crediticia, sino que encierran variadas sutilezas sobre realidades muy complejas.

Vayamos a la pregunta que no hice, y esperaba que fuese obvia: ¿Están preparadas nuestras mipymes para acceder de forma directa al comercio exterior?

Apuntemos que se trata de una actividad sumamente compleja, en la que se requiere de mucha experiencia y conocimientos de:

Burocracia: Hay que conocer cómo trabajan las aduanas en diversos países: restricciones, prohibiciones, aranceles, detalles de las facturas y demás documentos comerciales. También es necesario dominar el sistema de distribución o los requisitos legales e impositivos del país de destino, restricciones sanitarias; así como otros procesos: búsqueda de clientes, negociación cierre de contratos, trámites administrativos y documentales.

Cultura: Es necesario conocer la cultura del país en que se enfoca una posible exportación. El hecho de que un producto funcione en nuestro país, no significa que sea bien recibido en otro. Ignorar esto, puede derivar en quejas y reclamaciones.

Logística: La rapidez del transporte es uno de los problemas más importantes. Si, dada la vigencia de la llamada Ley Torricelli, a nuestro sistema centralizado de comercio exterior se le hace difícil hallar navieras que trasporten nuestras mercancías, cómo sería si el trámite corre a cargo de una pequeña empresa cubana.

Disponibilidad de recursos: Entre las principales limitaciones está la falta de recursos financieros internos en las pequeñas empresas, baja capacidad productiva, y baja calidad de los agentes exportadores. Mantener un aparato técnico de alta calidad, con especialistas del nivel adecuado, sería muy costoso para estas entidades.

Finanzas y créditos: Según el Banco Interamericano de Desarrollo, “las mipymes en América Latina y el Caribe suelen enfrentar restricciones en diferentes áreas de negocios —debido a diversas fallas de mercado y de coordinación— que limitan su internalización. Estas áreas son, principalmente: el acceso a crédito, la intensidad de la innovación, capacidades (capital humano) y forma organizacional”.

“Las mipymes en la región tienen un acceso limitado al crédito, debido a problemas de asimetrías de información —las instituciones financieras usualmente no tienen la información necesaria para evaluar y monitorear sus proyectos, lo cual puede causar problemas de moral hazard (“riesgo moral”)—, pero también porque los productos financieros no son adecuados para sus necesidades en particular, por problemas de escala relacionados con costos fijos del proceso crediticio y ausencia de financiamiento a largo plazo. Adicionalmente, las mipymes, por lo general, no tienen suficiente colateral (activo que se ofrece como garantía adicional en un crédito o emisión de bonos), cuando acceder al crédito para ellas depende mucho de esto y no tanto de retornos esperados, como en las empresas grandes”.

Dada la política de bloqueo estadounidense, y nuestra desconexión de organizaciones financieras internacionales, los desafíos para las mipymes cubanas son mucho mayores. En 2020 quebraron más de un millón de mipymes en México. Las empresas señalaron que requieren más apoyos fiscales y aplazamiento de pagos a créditos o servicios para poder hacer frente al difícil panorama provocado por las afectaciones del coronavirus, que interrumpió las cadenas de suministros. En cuanto a interrupción de cadenas de suministros, para nuestro país, la Ley Torricelli significa una suerte de “coronavirus” permanente.

Dada la política de bloqueo estadounidense, y nuestra desconexión de organizaciones financieras internacionales, los desafíos para las mipymes cubanas son mucho mayores.

Hasta aquí algunos elementos para comprender la complejidad de un sector que no admite ni novatadas ni improvisaciones. Esa liga no es como la de sacar un pasaje hasta Panamá o Rusia, comprar en un mercado de esos países, y luego regresar a Cuba en plan de mula: una actividad que, por cierto, también ha generado artículos de esos economistas que suelen brindarnos recetas desde medios extranjeros.

Aún no ha transcurrido un año de que fueran aprobadas las primeras 35 mipymes en nuestro país, hecho ocurrido a finales de septiembre de 2021, de modo que la preocupación debería estar dirigida a la consolidación de unas empresas que ni siquiera han podido hacer su primer balance anual. Hacer lo contrario me recuerda una frase de la sabiduría popular, muy empleada en mi natal Taguasco: sería como colocar la carreta delante de los bueyes.

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