Muchos se han preguntado si el franquismo está de regreso en España, sobre todo a partir de las polémicas en el seno de una sociedad que aprobó una Ley de Memoria Histórica, cuyo fin sería colocar en el justo sitio a la dictadura, a la vez que la denuncia de las víctimas de un holocausto silenciado. Uno de los detonantes ha sido la manera de abordar el pasado desde la academia, podio que los remanentes del falangismo y la derecha acusan de “estar en manos de los rojos y ateos”. Ante presiones ejercidas por sectores radicales, y por la familia del difunto Antonio Luis Baena Tocón, la Universidad de Alicante (UA) recién borró de su sitio de internet el nombre de quien presidiera el juicio donde se condenó a muerte al poeta Miguel Hernández. Una decisión que, amparada en el derecho a la privacidad, se le aplica a una persona muerta, al tiempo que niega libertades consagradas en el régimen de 1978, como la académica y de expresión.

La universidad alega que, al no tratarse de una personalidad pública, todos los sucesos que rodean la vida de Antonio Luis Baena Tocón pudieran dañar su honra privada, por lo que se eliminaron las referencias (indexaciones) en dos artículos académicos del catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá, acerca de la vida y la obra del poeta Hernández, juzgado dos veces (en la primera, 1939, logró escapar, en la segunda en 1940 le otorgaron pena de muerte por rebelión, que fue conmutada por 30 años de cárcel). Se olvida la UA que la personalidad, o sea, la psicología que la define, muere con la persona, pero además, que el juez de un proceso sumarísimo contra una figura de las letras de tal talla se convierte, por obra de la propia Historia, en un personaje público.

De esta forma se trataron como “datos personales” unos hechos que son cruciales en la definición de uno de los crímenes franquistas contra la cultura española, lo cual sienta un mal precedente en cuanto al respeto de la memoria histórica, en un país como España, que sigue desmemoriado. Curiosa manera en que las leyes de protección de datos se aplican cuando convienen, en un mundo donde la venta de información privada, el chantaje informático y la postverdad siguen impunes en más de un caso, incluso en el propio suelo español, a pesar de la aprobación de nuevas normativas al respecto por parte de la Unión Europea, sobre todo referentes a las redes sociales.

El caso de Baena Tocón vulnera, arbitrariamente, ambas leyes legítimas: el derecho a la privacidad, y la libertad de academia como variante de la expresión, ya que existe un mal uso legal por parte de la decisión administrativa de la UA. No se trata, como dijo un articulista de El País, de dos verdades enfrentadas, sino del intento de ocultar toda verdad.

Los “borrados de la Historia” fueron comunes en más de un gobierno de corte autoritario, aunque mayormente se le quieran atribuir al régimen de Stalin en la Unión Soviética, que manipulaba los revelados de las fotos a partir de los intereses del gobernante, como en el caso de una instantánea en la que se eliminó la presencia de León Trotsky. De esta manera, la llamada democracia española reproduce elementos de la dictadura, los cuales quedaron como una marca indeleble en un proceso de transición “modélico” que muchos, incluyendo a Felipe González, quisieron aplicar a Europa del Este en 1989. Baena Tocón, además, conformaba la Comisión de Prensa, encargada durante el franquismo de revisar los periódicos a la caza de delitos políticos, los cuales se juzgaban con carácter retroactivo. Una labor en la que, según acota el catedrático Carratalá, los comentarios venenosos de Baena en ocasiones definían de antemano la condena.

Ocultar una labor tan pública como criminal, conduce a la reescritura de la Historia, un proceso que retratara bien George Orwell en su novela 1984, y que definía la mentalidad del Estado totalitario, donde “quien controla el pasado, controla el presente”. Es evidente que Baena ni era tan insignificante, ni fue una “víctima más de las circunstancias”, como justifican quienes echan toda la culpa del franquismo a Franco. Dicha Comisión de Prensa se está protegiendo a sí misma de la justicia real al invisibilizar la labor de Baena, ya que fue el motor de la mayoría de los crímenes de corte político durante la dictadura. No se trata solo de memoria ni de datos privados, sino de una culpa pendiente sobre la cabeza de los asesinos de ayer, y que estos se niegan a asumir.

La Fundación para la Historia Moderna de España ha intuido el ataque a la libertad de academia y emitió un duro comunicado sobre el borrado de datos en el juicio a Miguel Hernández, dando como argumento principal que la ciencia en su carácter imparcial y objetivo otorgaba a los defensores de la causa de Baena Tocón la oportunidad de ejercer su criterio mediante el estudio de los propios hechos y no a través de la censura. Los miembros de la academia española rechazan la medida administrativa de la UA, que trata un detalle de relevancia histórica como si fuese un conflicto de intereses en una cuenta de Facebook. El derecho tiene dos estatutos, de jure y de facto, en este caso se estaría usando una ley escrita, o sea del primero, para establecer un precedente en el segundo, con las peligrosidades que ello implica para la memoria histórica.

En una reciente revisión acerca de dónde debían descansar los restos mortales del dictador Francisco Franco, luego de que se exhumen del Valle de los Caídos, el Tribunal Supremo (TS) se refería al mismo con tratamiento propio de un jefe de Estado, cuando la propia Constitución de 1978 derogó las prerrogativas establecidas por el golpismo de 1936 y que estaban basadas en el uso de la fuerza. En un ambiente legal de ese tipo, ocultar la existencia de un juicio amañado a una de las figuras más grandes de las letras hispanas, así como la de una Comisión de Prensa (de oscura labor), equivale a sancionar como aceptables las prácticas de ese pasado de terror. Muchos acuden a cierto sentido retorcido en la mente de España, que le impide encontrar la justicia en medio del caos de interpretaciones tendenciosas; otros señalan con el dedo a un Estado donde la dictadura devino democracia y, tal vez, viceversa. Esto último es lo que se conoce como las cloacas, que estarían ocultas, como el olor a podrido de los muertos.

Por cierto, en cuanto a los restos de Franco, se hace evidente el poder que una sola familia, la del dictador, tiene sobre el resto de la sociedad, donde casi no quedan simpatizantes del caudillo: los parientes no solo han logrado hacerse sentir, sino que continúan una larga data negacionista en torno al tema de la dictadura, lo cual impide que se cumplan las disposiciones de la Ley de Memoria Histórica. Esta España monárquica le teme a la República que Franco derribó, porque mientras aquella fue votada por mayoría, el segundo nunca convocó a elecciones.

Miguel Hernández y su verdugo Baena Tocón conforman un capítulo más del testimonio oculto del terror, que define la reescritura del pasado en función de los intereses de los dueños del presente, así que 1984 sigue vigente en el 2019.